El gobernador Ron DeSantis ha anunciado una propuesta legislativa integral para abordar las crecientes amenazas que plantea la inmigración ilegal, debido al fracaso de la administración Biden para asegurar las fronteras de nuestra nación.
Florida liderará el camino para proteger a los estadounidenses de los efectos negativos de la agenda de fronteras abiertas de la izquierda al aumentar las penas por tráfico de personas, fortalecer los estatutos para la detención de extranjeros ilegales, exigir el uso universal de E-Verify, aumentar las penas por falsificación de documentos y prohibir la emisión de tarjetas de identificación por parte de los gobiernos locales a personas que no se encuentran legalmente en el país.
“Con esta legislación, Florida continúa tomando medidas enérgicas contra el contrabando de extranjeros ilegales, prohibiendo a los municipios emitir tarjetas de identificación a las personas que están aquí ilegalmente y exigiendo que los empleadores contraten solo a ciudadanos estadounidenses y residentes legales”, dijo el gobernador Ron DeSantis.
“Florida es un estado de ley y orden, y no ignoraremos los peligros de la crisis fronteriza de Biden. Continuaremos protegiendo a los floridanos de las políticas irresponsables de fronteras abiertas del gobierno federal”.
“El contrabando de personas, el tráfico de drogas y una serie de otras actividades delictivas se extienden constantemente a través de la frontera sur y hacia nuestro estado”, dijo Mark Glass, comisionado del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida.
El Senador Blaise Ingoglia declaró que la crisis fronteriza de la nación es un resultado directo de la negativa del gobierno federal a hacer cumplir las leyes de inmigración.
La legislación también invalida todas las licencias de otros estados emitidas a extranjeros no autorizados, exige que quienes se registren para votar afirmen que son ciudadanos de los Estados Unidos y residentes legales de Florida, prohíbe que los inmigrantes no autorizados ejerzan la abogacía y elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes indocumentados.
Además, la propuesta exige que los hospitales recopilen datos sobre el estado migratorio de los pacientes y los costos asociados con la prestación de atención a los extranjeros ilegales, y que informen periódicamente esta información al Gobernador y la Legislatura.
Estas medidas son una expansión de las acciones anteriores tomadas por el gobernador DeSantis para garantizar la seguridad de los floridanos frente a una política fronteriza federal insegura sin precedentes, que incluye:
Enviar equipos y agentes del orden público del estado de Florida a Texas, donde detuvieron a miles de extranjeros ilegales y ayudaron en el arresto de cientos de delincuentes por delitos graves como la trata de personas y el contrabando de drogas;
Emitir una orden ejecutiva que prohíba a las agencias estatales de Florida ayudar con el reasentamiento de extranjeros ilegales y que prohíba la concesión de licencias a instalaciones que alberguen a niños no acompañados.
Firmar una legislación que prohíba los contratos del gobierno con organizaciones privadas que ayudan a la administración Biden a reasentar inmigrantes ilegales en Florida;
Firmar legislación que ordene el uso de E-Verify para determinar la elegibilidad de empleo de todos los empleadores públicos, contratistas y subcontratistas que intenten celebrar contratos con empleadores públicos;
Demandar a la administración de Biden por su política ilegal de “atrapar y liberar” y hablar cuando la administración anuncia nance planes para poner fin al Título 42, afirmando absurdamente que las restricciones pandémicas y las “medidas de emergencia” todavía eran necesarias a nivel nacional mientras se intentaba eliminar las medidas pandémicas en la frontera;
Formar una fuerza de ataque de las fuerzas del orden público estatales y locales para interceptar el contrabando y la trata de personas y para incautar armas ilegales que se transportan a través del estado, lo que resultó en 200 cargos por delitos graves, casi 40 cargos por contrabando de personas, 66 cargos por drogas y la incautación de más de $500,000 en drogas ilícitas;
Obtener $12 millones para facilitar el transporte de inmigrantes ilegales a Martha’s Vineyard y otros estados santuario, llevando así la crisis fronteriza a las comunidades que apoyan las políticas de fronteras abiertas de Biden;
y emitir una orden ejecutiva para movilizar a los agentes del orden público estatales.
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