Miramar, Florida. — Lo que debía ser una cita rutinaria con las autoridades migratorias estadounidenses terminó convirtiéndose en una historia de horror para una familia cubana del sur de Florida.
Roberto Mosquera, un inmigrante de 58 años que llegó a Estados Unidos desde Cuba cuando apenas tenía 9, fue detenido durante su registro anual con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Días después, su hija recibió la noticia que jamás imaginó: su padre no sería deportado a Cuba, sino a África.
“Esto es inhumano”, dijo su hija Mónica Mosquera. “Mi padre pasó de estar abrazándome un día a ser encarcelado en un continente completamente desconocido. ¿Cómo puede ocurrir algo así en Estados Unidos?”
Un programa migratorio envuelto en polémica
El caso de Mosquera forma parte, según defensores de inmigrantes, de un programa de deportaciones a terceros países que comenzó durante la administración de Donald Trump.
Este plan permite a Estados Unidos enviar a personas con antecedentes criminales o sin ciudadanía reconocida a naciones con acuerdos migratorios especiales, incluso si no tienen relación con esos países.
En este caso, Mosquera fue trasladado al Reino de Esuatini, una pequeña nación del sur de África criticada por organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional por sus restricciones políticas y presuntos abusos a los derechos humanos.
Expertos legales señalan que esta práctica viola los derechos al debido proceso y a la protección humanitaria, al exponer a los deportados a entornos donde su seguridad y salud no pueden ser garantizadas.
“Enviar a una persona a una prisión en un país donde no tiene vínculos es una clara violación de los principios básicos del derecho internacional”, declaró un abogado de derechos migratorios en Miami que sigue el caso.
Antecedentes judiciales y vida en EE. UU.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) clasificó a Mosquera como uno de “los peores de los peores”, citando una condena por intento de asesinato ocurrida en la década de 1980 en el condado de Miami-Dade.
No obstante, los registros judiciales muestran que Mosquera cumplió completamente su condena, fue liberado hace más de 30 años y desde entonces reconstruyó su vida.
Su abogado explicó que Mosquera trabajó durante años como plomero profesional, manteniendo un perfil bajo y contribuyendo a su comunidad.
“Mi cliente no representa ningún peligro. Es un hombre reformado, con familia, trabajo y residencia estable en Florida”, insistió el letrado.
Huelga de hambre y condiciones críticas
Desde su llegada a Esuatini, Mosquera ha permanecido detenido en una prisión de máxima seguridad. Su familia afirma que se encuentra en huelga de hambre en protesta por su traslado y las condiciones de detención.
“Nos dijeron que está en una celda sin acceso regular a agua potable ni atención médica adecuada”, denunció su hija. “Mi padre está desesperado. Lo han tratado como si no fuera humano.”
Fuentes cercanas al caso aseguran que la embajada de Estados Unidos en Sudáfrica está al tanto de la situación, pero no ha ofrecido comentarios públicos. Organizaciones de derechos humanos han pedido al gobierno estadounidense suspender el programa de deportación a terceros países hasta que se garanticen condiciones seguras para los deportados.
Reacciones y peticiones de justicia
El caso ha despertado indignación en comunidades cubanas de Florida, donde varios líderes locales han expresado su apoyo a la familia Mosquera.
Defensores de inmigrantes han iniciado una campaña en redes sociales bajo el hashtag #BringRobertoHome, pidiendo su repatriación inmediata.
“Esto no es solo un error burocrático; es un acto de crueldad institucional”, afirmó un activista del sur de Florida. “Ningún ser humano debería ser enviado a un país desconocido sin defensa ni protección.”
Mientras tanto, Mónica Mosquera continúa luchando por la liberación de su padre. “Solo quiero que vuelva a casa. No estamos pidiendo privilegios, solo justicia.”
