Tag: Derechos Humanos

  • ¿Qué viene después del encausamiento de Raúl Castro? Escenario político y judicial tras una decisión histórica

    ¿Qué viene después del encausamiento de Raúl Castro? Escenario político y judicial tras una decisión histórica

    La Habana/Miami — El supuesto encausamiento del exmandatario cubano Raúl Castro ha generado una ola de reacciones políticas, jurídicas y diplomáticas dentro y fuera de Cuba. Aunque las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente todos los detalles del proceso, analistas consideran que una acción judicial de esta magnitud podría marcar un antes y un después en las relaciones entre Washington y el régimen cubano.

    Durante décadas, Castro fue una de las figuras más poderosas de la isla, liderando el aparato militar y político cubano tras la salida de su hermano Fidel Castro. Ahora, el posible avance de causas legales relacionadas con derechos humanos, apoyo a grupos señalados internacionalmente y acciones contra opositores abre un escenario completamente nuevo para Cuba.

    ¿Qué significa un encausamiento?

    Un encausamiento implica que fiscales o autoridades judiciales consideran que existen suficientes elementos para iniciar un proceso penal formal. En el caso de figuras políticas extranjeras, esto puede derivar en:

    • Órdenes internacionales de captura.
    • Restricciones diplomáticas y financieras.
    • Mayor presión sobre aliados políticos.
    • Investigaciones paralelas contra funcionarios vinculados a la dictadura cubana.

    Expertos legales señalan que, aun si Castro nunca comparece ante un tribunal estadounidense, el impacto simbólico y político sería enorme.

    Reacción del régimen cubano

    Hasta el momento, los medios estatales cubanos han mantenido silencio o han minimizado reportes sobre el caso. Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno aseguran que existe preocupación dentro de sectores militares y del Partido Comunista por posibles sanciones adicionales.

    El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha reiterado en discursos recientes que Cuba “no aceptará presiones externas”, mientras voceros oficiales califican cualquier acción judicial como parte de una “campaña política” contra la Revolución.

    Impacto internacional

    La noticia podría tensar aún más las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, especialmente en temas migratorios, económicos y diplomáticos.

    Organizaciones de derechos humanos han pedido que se investiguen presuntas violaciones ocurridas durante décadas bajo el control del aparato de seguridad cubano. Mientras tanto, sectores del exilio en Miami celebran la posibilidad de que antiguos líderes del régimen enfrenten consecuencias legales.

    Analistas también advierten que el caso podría aumentar la incertidumbre dentro de la isla, donde la crisis económica continúa agravándose por la inflación, la escasez y la salida masiva de ciudadanos.

    ¿Qué puede pasar ahora?

    Entre los escenarios posibles se encuentran:

    1. Expansión de investigaciones contra otros altos funcionarios cubanos.
    2. Nuevas sanciones estadounidenses dirigidas al aparato militar cubano.
    3. Mayor presión diplomática internacional sobre La Habana.
    4. Reacciones internas del régimen, incluyendo más control político y mediático.
    5. Incremento de tensiones con el exilio cubano y grupos opositores.

    Por ahora, el futuro del caso dependerá de documentos judiciales, decisiones diplomáticas y posibles respuestas del gobierno cubano.

    Un momento de alto impacto político

    Aunque Raúl Castro permanece como una figura histórica dentro del sistema cubano, cualquier proceso judicial internacional en su contra tendría repercusiones profundas para el legado del castrismo y para el futuro político de Cuba.

    La posibilidad de ver a antiguos dirigentes cubanos bajo investigaciones internacionales representa un cambio que, hasta hace pocos años, parecía impensable.

  • México, España y Brasil blindan al régimen cubano y evitan condenar la dictadura

    México, España y Brasil blindan al régimen cubano y evitan condenar la dictadura

    Los gobiernos de Claudia Sheinbaum, Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva volvieron a alinearse con el régimen cubano al anunciar un aumento de la ayuda a la isla y exigir respeto a su “soberanía”, sin mencionar la naturaleza autoritaria del sistema que gobierna en La Habana.

    La declaración conjunta, emitida en Barcelona durante una cumbre de líderes de izquierda, insiste en la narrativa tradicional del bloque progresista: culpar a las sanciones de Estados Unidos mientras se ignora el papel central del modelo socialista en el colapso económico y social del país.


    Apoyo político sin exigir reformas

    Lejos de presionar por cambios democráticos, los tres gobiernos optaron por reforzar su respaldo al aparato estatal encabezado por Miguel Díaz-Canel, heredero directo del castrismo.

    El comunicado habla de “crisis humanitaria”, pero omite deliberadamente las causas estructurales: un sistema de partido único, ausencia de elecciones libres y represión sistemática contra la disidencia.

    Organizaciones internacionales han documentado detenciones arbitrarias, censura y persecución política en la isla, factores que contribuyen directamente al éxodo masivo de cubanos en los últimos años.


    Washington señala al régimen como responsable

    Desde la administración de Donald Trump, la postura es clara: la crisis cubana no es consecuencia de las sanciones, sino del fracaso de décadas de planificación centralizada y control estatal.

    Las recientes medidas para restringir el suministro de petróleo —especialmente desde Venezuela— han intensificado la presión sobre el régimen, provocando apagones y escasez. Sin embargo, Washington sostiene que estas acciones buscan acelerar una transición política, no castigar al pueblo cubano.


    El argumento de la “soberanía”

    México, España y Brasil apelan a la “no injerencia” y al respeto de la soberanía, pero evitan responder una cuestión clave: ¿puede hablarse de autodeterminación cuando los ciudadanos no pueden elegir libremente a sus gobernantes?

    El discurso oficial de La Habana, repetido por Díaz-Canel, insiste en la amenaza externa como justificación para mantener el control interno. Una estrategia que el régimen ha utilizado durante décadas para desviar la atención de sus propios fracasos.


    Choque ideológico en el escenario global

    El respaldo a Cuba se produce en un contexto de creciente polarización internacional. Pedro Sánchez aprovechó el foro para criticar a los gobiernos conservadores y al liderazgo estadounidense, mientras que Trump respondió cuestionando la política económica y de defensa de España.

    Este nuevo episodio confirma una fractura cada vez más evidente: por un lado, gobiernos que continúan defendiendo regímenes socialistas; por otro, quienes presionan por reformas democráticas en la región.


    Mientras la élite política internacional debate sobre soberanía y sanciones, la realidad en Cuba sigue marcada por la escasez, la falta de libertades y la ausencia de oportunidades.

    El respaldo de México, España y Brasil al régimen cubano no solo evita abordar el problema de fondo, sino que prolonga un modelo que ha demostrado ser incapaz de garantizar prosperidad y derechos básicos a su población.

  • EEUU podría negar visas a personas con enfermedades crónicas: diabetes, obesidad y cáncer en la mira

    EEUU podría negar visas a personas con enfermedades crónicas: diabetes, obesidad y cáncer en la mira

    Una nueva directiva del gobierno de Estados Unidos ha encendido las alarmas entre defensores de inmigrantes y expertos en salud pública: ahora, personas con condiciones crónicas como diabetes, obesidad o cáncer podrían enfrentar la negativa de visas simplemente por su estado de salud.

    Según la guía, los oficiales consulares y médicos aprobados por el gobierno evaluarán no solo la salud general del solicitante, sino también los posibles costos a largo plazo que su condición médica podría implicar para el sistema de salud estadounidense. En otras palabras, enfermedades manejables podrían convertirse en barreras para la migración legal.

    Tradicionalmente, las leyes de inmigración se enfocaban en prevenir la entrada de personas con enfermedades transmisibles. Sin embargo, esta directiva expande el escrutinio hacia condiciones crónicas no contagiosas, considerando su impacto económico potencial. Documentos recientes indican que la administración Trump instruyó a los consulados en todo el mundo a tomar en cuenta la obesidad y otras enfermedades crónicas como posibles motivos para negar visas.

    Abogados de inmigración advierten que esta medida revive la polémica de la “regla de carga pública”, que permitía negar tarjetas verdes o visas a personas consideradas dependientes de beneficios gubernamentales. Aunque esa regla fue revertida en 2022, ahora las enfermedades crónicas podrían convertirse en el nuevo criterio de exclusión.

    “Lo que se busca es minimizar los costos para las agencias de salud estadounidenses y, por lo tanto, para los contribuyentes”, explicó Manuel Vallina Grisanti, abogado especializado en derechos humanos. “Esto no es exclusivo de Estados Unidos; otros países europeos aplican criterios similares”.

    Sin embargo, defensores como Helene Villalonga consideran la medida discriminatoria. “El gobierno está enviando un mensaje claro: ciertos perfiles no son bienvenidos. Se trata de excluir a personas por su condición de salud, generando miedo y estigma”, señaló Villalonga.

    Expertos en salud pública advierten que esta política podría desalentar a solicitantes de visa a ser transparentes sobre su salud, afectando tanto a individuos como a comunidades. Mientras tanto, la discusión sobre la relación entre salud, valor económico y acceso a Estados Unidos promete intensificarse en los próximos meses.

  • Estados Unidos busca reforzar sanciones contra Cuba por violaciones de derechos humanos

    Estados Unidos busca reforzar sanciones contra Cuba por violaciones de derechos humanos

    Washington / Tallahassee — La administración estadounidense podría endurecer nuevamente su postura hacia La Habana. La fiscal general de Florida, Ashley Moody, y el senador republicano Rick Scott presentaron una iniciativa para reforzar las sanciones económicas y políticas contra el régimen cubano, al que acusan de mantener una larga historia de abusos de derechos humanos y represión interna.

    El proyecto de ley, denominado DEMOCRACIA Act (“Denying Earnings To the Military Oligarchy in Cuba and Restricting Activities of the Cuban Intelligence Apparatus”), pretende cerrar vacíos legales en las sanciones existentes y ampliar las herramientas de presión económica contra las estructuras de poder del régimen.

    Según Moody, el objetivo es “cortar los flujos de dinero que mantienen al aparato represivo en la isla” y enviar un mensaje claro de apoyo a la comunidad cubana en el exilio.

    “El régimen comunista sigue beneficiándose de la opresión de su pueblo. Florida conoce bien el costo de esa tiranía por las familias cubanas que huyeron de la represión. Esta ley busca poner fin a esos beneficios y exigir responsabilidades,” afirmó Moody.

    La iniciativa, impulsada por Scott, permitiría al Presidente de Estados Unidos sancionar y prohibir la entrada al país a individuos relacionados con las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y los organismos de seguridad cubanos, así como a sus familiares directos.

    Scott sostuvo que Cuba continúa desempeñando un papel “desestabilizador” en el continente al colaborar con Rusia, Irán y China.

    “El régimen cubano ofrece apoyo a dictaduras y permite la expansión de potencias hostiles en América Latina. Con la Ley DEMOCRACIA reforzamos la presión y evitamos que se utilicen recursos estadounidenses para sostener a esa dictadura,” señaló el senador.

    El texto legislativo también incluye medidas destinadas a garantizar acceso libre y sin censura a internet para los ciudadanos cubanos. Se contempla la creación de un grupo de trabajo especializado en desarrollar soluciones tecnológicas que permitan superar las restricciones impuestas por el régimen.

    De aprobarse, la ley podría impactar directamente a altos funcionarios del Partido Comunista, el Consejo de Ministros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y la Oficina de la Presidencia de Cuba.

    El nuevo impulso de sanciones refleja la continuidad de una línea dura hacia La Habana promovida por líderes republicanos de Florida, quienes aseguran que la presión internacional es esencial para alcanzar una Cuba libre y democrática.

  • “De Florida a una cárcel africana”: indignación por el caso de un inmigrante cubano deportado bajo programa de EE. UU.

    “De Florida a una cárcel africana”: indignación por el caso de un inmigrante cubano deportado bajo programa de EE. UU.

    Miramar, Florida. — Lo que debía ser una cita rutinaria con las autoridades migratorias estadounidenses terminó convirtiéndose en una historia de horror para una familia cubana del sur de Florida.

    Roberto Mosquera, un inmigrante de 58 años que llegó a Estados Unidos desde Cuba cuando apenas tenía 9, fue detenido durante su registro anual con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Días después, su hija recibió la noticia que jamás imaginó: su padre no sería deportado a Cuba, sino a África.

    “Esto es inhumano”, dijo su hija Mónica Mosquera. “Mi padre pasó de estar abrazándome un día a ser encarcelado en un continente completamente desconocido. ¿Cómo puede ocurrir algo así en Estados Unidos?”


    Un programa migratorio envuelto en polémica

    El caso de Mosquera forma parte, según defensores de inmigrantes, de un programa de deportaciones a terceros países que comenzó durante la administración de Donald Trump.
    Este plan permite a Estados Unidos enviar a personas con antecedentes criminales o sin ciudadanía reconocida a naciones con acuerdos migratorios especiales, incluso si no tienen relación con esos países.

     

    En este caso, Mosquera fue trasladado al Reino de Esuatini, una pequeña nación del sur de África criticada por organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional por sus restricciones políticas y presuntos abusos a los derechos humanos.

    Expertos legales señalan que esta práctica viola los derechos al debido proceso y a la protección humanitaria, al exponer a los deportados a entornos donde su seguridad y salud no pueden ser garantizadas.

    “Enviar a una persona a una prisión en un país donde no tiene vínculos es una clara violación de los principios básicos del derecho internacional”, declaró un abogado de derechos migratorios en Miami que sigue el caso.


    Antecedentes judiciales y vida en EE. UU.

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) clasificó a Mosquera como uno de “los peores de los peores”, citando una condena por intento de asesinato ocurrida en la década de 1980 en el condado de Miami-Dade.
    No obstante, los registros judiciales muestran que Mosquera cumplió completamente su condena, fue liberado hace más de 30 años y desde entonces reconstruyó su vida.

    Su abogado explicó que Mosquera trabajó durante años como plomero profesional, manteniendo un perfil bajo y contribuyendo a su comunidad.
    “Mi cliente no representa ningún peligro. Es un hombre reformado, con familia, trabajo y residencia estable en Florida”, insistió el letrado.


    Huelga de hambre y condiciones críticas

    Desde su llegada a Esuatini, Mosquera ha permanecido detenido en una prisión de máxima seguridad. Su familia afirma que se encuentra en huelga de hambre en protesta por su traslado y las condiciones de detención.

    “Nos dijeron que está en una celda sin acceso regular a agua potable ni atención médica adecuada”, denunció su hija. “Mi padre está desesperado. Lo han tratado como si no fuera humano.”

     

    Fuentes cercanas al caso aseguran que la embajada de Estados Unidos en Sudáfrica está al tanto de la situación, pero no ha ofrecido comentarios públicos. Organizaciones de derechos humanos han pedido al gobierno estadounidense suspender el programa de deportación a terceros países hasta que se garanticen condiciones seguras para los deportados.


    Reacciones y peticiones de justicia

    El caso ha despertado indignación en comunidades cubanas de Florida, donde varios líderes locales han expresado su apoyo a la familia Mosquera.
    Defensores de inmigrantes han iniciado una campaña en redes sociales bajo el hashtag #BringRobertoHome, pidiendo su repatriación inmediata.

    “Esto no es solo un error burocrático; es un acto de crueldad institucional”, afirmó un activista del sur de Florida. “Ningún ser humano debería ser enviado a un país desconocido sin defensa ni protección.”

    Mientras tanto, Mónica Mosquera continúa luchando por la liberación de su padre. “Solo quiero que vuelva a casa. No estamos pidiendo privilegios, solo justicia.”

  • José Daniel Ferrer se exilia en Estados Unidos tras años de persecución en Cuba

    José Daniel Ferrer se exilia en Estados Unidos tras años de persecución en Cuba

    El líder opositor José Daniel Ferrer abandonó Cuba rumbo a Estados Unidos después de años de prisión, hostigamiento y vigilancia constante por parte del régimen. Su salida fue resultado de un acuerdo discreto entre La Habana y Washington, según fuentes diplomáticas.

    Un símbolo de la disidencia cubana

    Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), es uno de los activistas más reconocidos del país. Fue encarcelado durante la “Primavera Negra” de 2003 junto a decenas de opositores, pero rechazó el exilio en aquel momento y permaneció en la isla, convirtiéndose en un símbolo de resistencia política.

    Salida negociada y llegada a Florida

    El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba confirmó que el opositor partió desde Santiago de Cuba hacia Florida, acompañado por varios familiares. Desde Estados Unidos, diversas organizaciones de derechos humanos celebraron su llegada y denunciaron los abusos sufridos durante su encarcelamiento.

    El senador Marco Rubio destacó que José Daniel Ferrer soportó torturas y condiciones inhumanas en prisión por negarse a renunciar a su activismo.

    Años de cárcel y represión

    Tras ser liberado en 2011, Ferrer fue detenido en múltiples ocasiones, la más reciente durante las protestas del 11 de julio de 2021. En 2025, después de una breve liberación mediada por la Iglesia Católica, volvió a prisión por supuestos incumplimientos de su libertad condicional.

    Exilio y nueva etapa

    En una carta difundida por su familia, Ferrer aceptó el exilio como una decisión “dolorosa pero necesaria”. Desde el Consejo para la Transición Democrática en Cuba calificaron su partida como un “acto de supervivencia” frente a la represión sistemática del Estado.

    A pesar de su salida, Ferrer prometió continuar su lucha por una Cuba libre desde el exilio. Su historia resume el alto costo que aún pagan quienes desafían al poder en la isla.

  • José Daniel Ferrer confirma su salida forzosa al exilio tras años de torturas

    José Daniel Ferrer confirma su salida forzosa al exilio tras años de torturas

    El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, preso político desde hace años y una de las voces más visibles de la disidencia en la isla, confirmó en una carta manuscrita que aceptará marcharse al exilio tras meses de torturas, amenazas y presiones insoportables ejercidas por el régimen de La Habana contra él y su familia.

    La misiva, fechada el 10 de septiembre y difundida desde su celda, denuncia años de “brutales golpizas, torturas, humillaciones y amenazas de muerte”, perpetradas por la dictadura a través de sus esbirros y reclusos comunes utilizados como instrumentos de represión, según reseña Martí Noticias.

    Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, confirmó la autenticidad de la carta y aseguró que la decisión de aceptar el exilio se tomó únicamente para proteger a su familia de la violencia del régimen. “Era la única salida para proteger a la familia y evitar que, en circunstancias tan inhumanas, terminara respondiendo con violencia. A pesar de todo, su compromiso con la lucha no violenta sigue intacto”, declaró Ortega.

    Presiones y amenazas contra su familia

    La misiva detalla cómo la dictadura ha intentado manipular a Ferrer y su familia mediante grabaciones y amenazas, con el objetivo de forzarlo a pedir un “diálogo” con Washington, a cambio de beneficios para el régimen. Ortega subrayó que estas tácticas buscan “manchar nuestra dignidad, desacreditar toda su trayectoria y obligarlo a claudicar”. Ferrer, sin embargo, ha dejado claro que prefiere morir en prisión antes que rendirse, y que su salida de Cuba es motivada únicamente por amor a su familia.

    El opositor denuncia que su familia también ha sido objeto de represalias para obligarlo a abandonar la isla o renunciar a su lucha no violenta en favor de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Según la carta, en los últimos meses la violencia en su contra se intensificó: golpizas más severas, condiciones extremas de encarcelamiento, robos de alimentos y productos de higiene, y amenazas directas a su esposa e hijos.

    La decisión del exilio

    Ferrer explica que ya antes del asalto a su vivienda el 29 de abril había considerado marcharse para proteger a su familia. La decisión final se tomó por seguridad, pero también por la frustración ante la falta de efectividad de la oposición interna y la creciente represión contra quienes se resisten al régimen. “El constante hostigamiento de la Policía Política me llevó a aceptar la salida al exilio”, escribe.

    El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) denuncia además que el régimen intenta destruir su imagen mediante videos y grabaciones manipuladas, presentándolo como agente de la tiranía o traidor a la causa. También lo presionaron para dirigirse a la Embajada de Estados Unidos o a la Iglesia Católica con el fin de negociar lo que él califica como “vergonzosas negociaciones de otros tiempos”, donde liberaciones de presos políticos se intercambian por concesiones y levantamientos de sanciones.

    Entre la vida y la muerte

    En un pasaje desgarrador, Ferrer advierte que su vida pende de un hilo en prisión. “Si mi vida y la de mi familia dependen de que me doblegue, prefiero mi muerte en este campo de concentración al estilo nazi antes que el sacrificio de mis principios”, asegura.

    A pesar de todo, reafirma su confianza en los luchadores que permanecen en la oposición dentro de Cuba y promete continuar su batalla pacífica hasta alcanzar la victoria o morir en el intento. La carta señala directamente al jefe de la prisión de Mar Verde, Vladimir Pereda, como uno de los principales responsables de las golpizas y torturas sufridas, junto a reclusos utilizados como instrumentos de represión.

    Un mensaje final

    Ferrer concluye su carta reafirmando su compromiso con la vía pacífica y el amor por su familia y por Cuba, como sostén frente al hostigamiento constante. “El régimen se empeña en hacerme la vida imposible. Pero solo el amor y la lucha no violenta han hecho posible que mantenga la calma y la paciencia”, finaliza.

  • ICE confirma deportación de exjueza cubana acusada de reprimir a manifestantes

    ICE confirma deportación de exjueza cubana acusada de reprimir a manifestantes

    El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó la deportación a Cuba de la exjueza Melody González Pedraza, conocida por condenar a manifestantes antigubernamentales en la isla.

    González Pedraza arribó en mayo a Tampa bajo el programa de parole humanitario de la administración Biden, pero fue declarada inadmisible debido a su afiliación al Partido Comunista de Cuba y su papel como jueza en la provincia de Villa Clara. Su solicitud de asilo fue rechazada y permaneció detenida bajo custodia del ICE hasta su expulsión, ejecutada el 25 de septiembre en un vuelo de Operaciones Aéreas desde Luisiana.

    Antes de salir de Cuba, en abril de 2023, la exjueza había condenado a cuatro jóvenes manifestantes a penas de hasta cuatro años de prisión por participar en protestas en Encrucijada, Villa Clara, un caso ampliamente cuestionado por familiares y organizaciones de derechos humanos.

    Desde un centro de detención en Florida, González Pedraza declaró que fue presionada por la Seguridad del Estado para dictar esas sentencias, aunque sus declaraciones no evitaron que la justicia cubana ratificara los castigos.

    Su deportación se suma a la de otros exfuncionarios cubanos señalados por el exilio y políticos locales como represores del régimen, quienes han intentado aprovecharse del sistema migratorio estadounidense en medio de la ola de llegadas desde la isla. Entre los casos recientes figuran el de Daniel Morejón García, exagente del MININT, y Jorge Luis Vega García, exteniente coronel acusado de torturas.

    El Ministerio del Interior cubano informó que en el vuelo donde viajó González Pedraza llegaron 136 personas deportadas desde EE. UU. y que cuatro de ellas fueron arrestadas al aterrizar, acusadas de delitos cometidos antes de emigrar.

    No está claro si la exjueza enfrentará represalias en Cuba tras haber criticado públicamente al sistema judicial del régimen durante su proceso de asilo en Estados Unidos.

  • Miles de cubanos enviados como mercenarios a Ucrania por Rusia con complicidad del régimen, según Kiev

    Miles de cubanos enviados como mercenarios a Ucrania por Rusia con complicidad del régimen, según Kiev

    Washington/La Habana — Autoridades ucranianas denunciaron que el gobierno de Cuba estaría directamente implicado en el envío de miles de ciudadanos de la isla a luchar como mercenarios en la guerra de Rusia contra Ucrania.

    En una sesión informativa en el Congreso de Estados Unidos, representantes de la inteligencia militar ucraniana aseguraron que Cuba se ubica entre los principales países de origen de combatientes extranjeros al servicio del Kremlin.

    “Desafortunadamente, muchos de ellos son cubanos”, afirmó Andriy Yusov, portavoz de la inteligencia militar ucraniana, quien precisó que miles de cubanos han firmado contratos con Rusia atraídos por incentivos económicos. El salario promedio de estos combatientes sería de unos 2.000 dólares mensuales, una cifra muy superior a los ingresos en la isla.

    Según Yusov, los mercenarios cubanos tienen en promedio 35 años y mueren a los pocos meses de ser enviados al frente. “Si un extranjero muere, Rusia no asume responsabilidad ni pagos sociales. Para el Kremlin, son soldados desechables”, explicó.

    Posible complicidad del régimen cubano

    Los funcionarios ucranianos sostienen que este reclutamiento masivo no sería posible sin la autorización del régimen de La Habana. Además, presentaron documentos de familiares cubanos que reclaman información sobre parientes desaparecidos o fallecidos en el conflicto, así como contratos de reclutamiento que incluyen también a mujeres.

    Incluso, señalaron que algunos combatientes han sido víctimas de fraude, retenidos contra su voluntad después de finalizar sus contratos.

    Reacciones en Washington

    En el encuentro participaron los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, además del activista Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano.

    Díaz-Balart advirtió que “Europa sigue financiando al régimen de La Habana con créditos y perdón de deudas, lo que indirectamente fortalece a Putin en el hemisferio”.

    Por su parte, Salazar denunció que “la dictadura cubana siempre ha tratado a su pueblo como mercancía: primero médicos, ahora soldados. Están haciendo millones enviando jóvenes a una muerte temprana”.

    Ucrania pide sanciones

    El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento ucraniano, Alexander Merezhko, calificó al régimen cubano como “el principal brazo de Rusia en América Latina” y anunció que propondrá ante el Consejo de Europa designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, siguiendo el ejemplo de la reciente designación contra Moscú.

  • EEUU impone sanciones a tres funcionarios cubanos por la represión de las protestas

    EEUU impone sanciones a tres funcionarios cubanos por la represión de las protestas

    Estados Unidos impuso el jueves sanciones a tres altos funcionarios cubanos, la última de una serie de acciones en respuesta a la represión contra los manifestantes antigubernamentales recientes en la isla.

    Las sanciones se dirigieron a dos altos funcionarios del Ministerio de Defensa por su papel en la represión de las raras manifestaciones en la nación gobernada por los comunistas, donde cientos de personas fueron encarceladas, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.

    Washington “seguirá responsabilizando a quienes permitan al gobierno cubano perpetuar el abuso de los derechos humanos”, dijo Andrea M. Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.

    “La acción de hoy expone a más perpetradores responsables de reprimir los llamados del pueblo cubano a la libertad y el respeto de los derechos humanos”.

    Después de imponer sanciones al ministro de Defensa Álvaro López Miera y a la policía cubana, la última medida golpea a Roberto Legra Sotolongo y Andrés Laureano González Brito del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

    También cubren a Abelardo Jiménez González, quien está a cargo de las cárceles del Ministerio del Interior.

    “Las fuerzas de seguridad cubanas han detenido a más de 800 personas en respuesta a las protestas, muchas de las cuales están en ‘cárcel preventiva’ y aún se desconoce el paradero de varias personas”, dice el comunicado.

    Agregarlos a la lista negra de sanciones del Tesoro congela cualquier propiedad que tengan en los Estados Unidos y prohíbe cualquier transacción utilizando el sistema financiero estadounidense.

    El presidente Joe Biden advirtió a La Habana que son posibles más acciones, y Washington ha pedido la liberación de los manifestantes detenidos, mientras trata de encontrar formas de garantizar el acceso a Internet para el pueblo cubano.

  • Activistas cubanos: Reporteros de CNN, AP, Reuters, ignoran los abusos de derechos humanos en la isla

    Activistas cubanos: Reporteros de CNN, AP, Reuters, ignoran los abusos de derechos humanos en la isla

    Desde la semana pasada, activistas cubanos a favor de la democracia en Cuba condenaron a los “periodistas acreditados” de la isla, reporteros de los principales medios de comunicación con permiso del Partido Comunista, por su silencio a raíz de una ola de represión cada vez más violenta, informó el martes el Diario de Cuba.

    La mayoría de los medios de comunicación en Cuba son operaciones estatales, como el diario Granma del Partido Comunista de Cuba o los noticieros nocturnos. Un pequeño grupo de periodistas internacionales ha recibido permiso del Gobierno Cubano para informar en un escenario internacional, la mayoría de destacados servicios de noticias como Associated Press o Reuters, o de las principales emisoras estadounidenses como CNN.

    “Los teléfonos de cuatro jóvenes que protestaron pacíficamente se han apagado. Continúa la ola represiva. ¿Dónde está la prensa extranjera acreditada que no informa sobre esto? ” El periodista José Raúl Gallego preguntó este fin de semana en Twitter, etiquetando a reporteros incrustados de Reuters, Associated Press, CNN y el servicio de noticias español EFE.

    Los Activistas de derechos humanos están documentando una creciente ola de abusos por parte de la policía del régimen Comunista durante las últimas dos semanas que pareció intensificarse luego del arresto de Denis Solís, un rapero y activista prodemocrático, el 9 de noviembre.

    Solís había usado las redes sociales para publicar publicaciones y videos que muestran a agentes del regimen acosándolo. Más tarde continúa insultando repetidamente al oficial de policía frente a la cámara y concluye: “Estoy listo para morir”. Solís fue condenado a ocho meses de prisión por el delito de “falta de respeto”, según Diario de Cuba.

    Solís está afiliado al Movimiento San Isidro, un grupo de artistas disidentes, y regularmente pidió públicamente el fin del comunismo. Entre sus actos de desafío más recientes se encuentra tatuarse la frase “Cambio, 19-10-2020 y Cuba libre” en su pecho y compartirla en las redes sociales, desafiando a las autoridades a arrancarle la piel tatuada del cuerpo.

    Como la mayoría de los estados comunistas, Cuba regula estrictamente la creación de cualquier medio, arte visual, periodismo, música o cualquier cosa que pueda ser interpretada como expresión por parte de sus ciudadanos o extranjeros.

    Según la Directorio Democratico Cubano , una organización de derechos humanos, desde el 12 de noviembre se han producido al menos 28 detenciones de disidentes, muchos de ellos de disidentes que exigían la libertad de Solís.