Washington / Tallahassee — La administración estadounidense podría endurecer nuevamente su postura hacia La Habana. La fiscal general de Florida, Ashley Moody, y el senador republicano Rick Scott presentaron una iniciativa para reforzar las sanciones económicas y políticas contra el régimen cubano, al que acusan de mantener una larga historia de abusos de derechos humanos y represión interna.
El proyecto de ley, denominado DEMOCRACIA Act (“Denying Earnings To the Military Oligarchy in Cuba and Restricting Activities of the Cuban Intelligence Apparatus”), pretende cerrar vacíos legales en las sanciones existentes y ampliar las herramientas de presión económica contra las estructuras de poder del régimen.
Según Moody, el objetivo es “cortar los flujos de dinero que mantienen al aparato represivo en la isla” y enviar un mensaje claro de apoyo a la comunidad cubana en el exilio.
“El régimen comunista sigue beneficiándose de la opresión de su pueblo. Florida conoce bien el costo de esa tiranía por las familias cubanas que huyeron de la represión. Esta ley busca poner fin a esos beneficios y exigir responsabilidades,” afirmó Moody.
La iniciativa, impulsada por Scott, permitiría al Presidente de Estados Unidos sancionar y prohibir la entrada al país a individuos relacionados con las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y los organismos de seguridad cubanos, así como a sus familiares directos.
Scott sostuvo que Cuba continúa desempeñando un papel “desestabilizador” en el continente al colaborar con Rusia, Irán y China.
“El régimen cubano ofrece apoyo a dictaduras y permite la expansión de potencias hostiles en América Latina. Con la Ley DEMOCRACIA reforzamos la presión y evitamos que se utilicen recursos estadounidenses para sostener a esa dictadura,” señaló el senador.
El texto legislativo también incluye medidas destinadas a garantizar acceso libre y sin censura a internet para los ciudadanos cubanos. Se contempla la creación de un grupo de trabajo especializado en desarrollar soluciones tecnológicas que permitan superar las restricciones impuestas por el régimen.
De aprobarse, la ley podría impactar directamente a altos funcionarios del Partido Comunista, el Consejo de Ministros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y la Oficina de la Presidencia de Cuba.
El nuevo impulso de sanciones refleja la continuidad de una línea dura hacia La Habana promovida por líderes republicanos de Florida, quienes aseguran que la presión internacional es esencial para alcanzar una Cuba libre y democrática.
