La Ciudad de Miami se prepara para votar una polémica propuesta que permitiría vender o arrendar terrenos municipales con valor superior a $500,000 sin la aprobación directa de los residentes. El cambio, identificado como Referéndum N° 2 en la boleta electoral, otorgaría más poder a la Comisión Municipal para decidir sobre propiedades públicas.

Una reforma que divide opiniones

La medida, promovida por el administrador municipal Art Noriega, busca “agilizar” la venta de terrenos que —según la ciudad— no logran atraer suficientes ofertas. Bajo las normas actuales, si una propiedad no frente al mar recibe menos de tres propuestas, la venta debe ser aprobada en referéndum.
Con la nueva enmienda, bastaría una mayoría de cuatro quintos del Concejo para autorizar la transacción sin consultar a los votantes.

“Este cambio daría más flexibilidad a la ciudad para vender terrenos que ya no necesita”, dijo Noriega, aunque admitió no recordar ningún caso reciente que se beneficiaría directamente de la medida.

Miami bajo la lupa

El referéndum llega en un momento incómodo para el gobierno local. En las últimas semanas, la administración ha sido cuestionada por la venta del histórico Teatro Olympia a una escuela charter y por el colapsado plan de restauración del Miami Marine Stadium. Ambos casos han reavivado las dudas sobre cómo la ciudad maneja su patrimonio público.

Aunque el nuevo referéndum no afectaría a terrenos costeros —que seguirían requiriendo voto ciudadano—, críticos temen que abra la puerta a decisiones opacas y a la concentración de poder en manos de pocos comisionados.

¿Qué cambiaría realmente?

Miami administra más de 500 propiedades valoradas en $17,500 millones, incluyendo estadios, teatros y edificios públicos. Actualmente, la ciudad necesita al menos tres ofertas para vender cualquier terreno de más de $500,000.
Si no las obtiene, debe someter la decisión a los votantes. Con la propuesta, ese paso podría eliminarse, siempre que la Comisión apruebe la venta con cuatro votos de cinco.

Defensores del cambio, como el comisionado Damian Pardo, sostienen que el requisito de tres ofertas ha frenado proyectos por años.
“Es un proceso ineficiente que bloquea el progreso”, afirmó.

Sin embargo, otros funcionarios, como Christine King y Joe Carollo, expresaron reservas.
“Los terrenos de la ciudad pertenecen a los residentes. Quitarles el voto no es el camino”, dijo King.
Carollo, por su parte, aseguró que apoyaría la medida solo si se limita a “pequeños lotes”, no a grandes propiedades de alto valor.

¿Un modelo como el de Hialeah o Miami Beach?

De aprobarse, Miami seguiría los pasos de ciudades vecinas como Hialeah y Miami Beach, donde los concejos municipales pueden autorizar ciertas ventas sin acudir a las urnas.
Sin embargo, en estas jurisdicciones aún existen controles más estrictos sobre los terrenos de alto valor o de uso público.

Para los críticos, ese es precisamente el problema: más poder, menos supervisión.
“El riesgo es que las decisiones sobre bienes públicos se tomen sin transparencia y sin participación ciudadana”, advirtió un exfuncionario municipal.

El voto decisivo

El referéndum será votado la próxima semana y requerirá mayoría simple para ser aprobado.
Mientras tanto, la pregunta central sigue sin respuesta:
¿Debe la ciudad facilitar la venta de bienes públicos para “ganar eficiencia”, o mantener la voz de los residentes como último filtro?