Un juez estadounidense dictaminó el viernes que Norwegian Cruise Line debe pagar $110 millones en daños por usar un puerto que el gobierno de Cuba incautó en 1960, marcando un hito para los cubanoamericanos que buscan compensación por las incautaciones de activos de la era de la Guerra Fría.
La decisión de la juez federal de distrito Beth Bloom en Miami sigue a su fallo de marzo de que el uso de la Terminal del Puerto de Cruceros de La Habana constituyó tráfico de bienes confiscados pertenecientes a la demandante, Havana Docks Corp., con sede en Delaware.
La decisión establece que “se dicta sentencia a favor de la demandante Havana Docks Corporation y en contra de la demandada Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd”. “El demandante recibe $109,848,747.87 en daños”, dice el documento, y agrega que Norwegian también debe pagar $3 millones en honorarios y costos legales.
Norwegian Cruise Line no respondió a una solicitud de comentarios de inmediato. El presidente Miguel Díaz-Canel de Cuba ha criticado la Ley Helms-Burton como una violación extraterritorial del derecho internacional.
Havana Docks demandó a Carnival, Royal Caribbean y MSC, una línea de cruceros italiana, en virtud de la Ley Helms-Burton, que permite a los ciudadanos estadounidenses demandar por el uso de bienes incautados en Cuba después de 1959.
El fallo podría inspirar demandas adicionales por parte de exiliados cubanos que persiguen reclamos que, según una estimación, están valorados en $ 2 mil millones e involucran la confiscación de propiedades por parte del difunto líder cubano Fidel Castro. También puede servir como un recordatorio para las corporaciones multinacionales de las dificultades para hacer negocios en Cuba.
Luego de una distensión negociada por el expresidente Barack Obama, que suavizó algunas disposiciones del embargo estadounidense vigente desde la Guerra Fría, los cruceros de los Estados Unidos comenzaron a viajar a Cuba en 2016 por primera vez en décadas. Sin embargo, en 2019, la administración Trump detuvo todos esos cruceros en un esfuerzo por presionar a Cuba por su apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro, un enemigo ideológico de los Estados Unidos.
Además, la administración Trump permitió a los ciudadanos estadounidenses demandar a terceros por utilizar bienes incautados por las autoridades cubanas, una disposición de la Ley Helms-Burton a la que todos los presidentes habían renunciado desde 1996.
Cuba, que ha estado sujeta a un embargo comercial estadounidense durante décadas, supuestamente nunca compensó a Havana Docks por la incautación de la propiedad. En 2019, presentó una demanda contra las cuatro líneas de cruceros en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida.
En virtud de la Ley Helms-Burton, también conocida como Ley Libertad, Bloom dictaminó en marzo que las empresas eran responsables de los daños y perjuicios. Según el Consejo Económico y Comercial EE.UU.-Cuba, una organización sin fines de lucro que proporciona información sobre las relaciones bilaterales, las 5.913 reclamaciones certificadas por bienes incautados en Cuba representan un pasivo de casi 2.000 millones de dólares.
Según la organización, se han presentado cuarenta y cuatro demandas bajo el Título III de la Ley Helms-Burton. Los actuales demandantes de ascendencia cubana vivirán un momento de satisfacción, según el presidente de la agrupación, John Kavulich. Les dará tiempo para declarar: “Puedes correr, pero no puedes esconderte”.
